Matanzas de Paracuellos

Vista del cementerio de Paracuellos^[1] cercano al río Jarama, uno de los lugares donde ocurrieron estos episodios de represión de la Guerra Civil Española, erigido en recuerdo y memoria de los asesinados. Al fondo de la imagen, una cruz blanca de grandes dimensiones, en la ladera del "cerro de San Miguel", es visible desde la proximidad del aeropuerto de Barajas.

Se conocen como matanzas de Paracuellos los episodios organizados de asesinato masivo de varios miles de prisioneros, considerados opuestos al bando republicano, ocurridos durante la Batalla de Madrid de la Guerra Civil Española, en los parajes del arroyo de San Jóse, en el municipio de Paracuellos de Jarama, y de Soto de Aldovea, en el término de Torrejón de Ardoz, próximos a la capital española.

Las matanzas tuvieron lugar aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, una operación que se conocía popularmente como sacas, llevadas a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas^[2] por el control de la ciudad.

Varios de estos traslados fueron desviados hacia los lugares del arroyo San José, en la vega del río Jarama, y a un caz o canal de irrigación fuera de uso, en la vega del río del Henares donde varios miles de prisioneros fueron asesinados. Entre ellos se encontraban militares que habían participado en la sublevación o que no se habían incorporado a la defensa de la República,^[3] falangistas, religiosos, militantes de la derecha, burgueses y otras personas que en su inmensa mayoría habían sido detenidas por ser simplemente consideradas como partidarias de la sublevación, y custodiadas sin amparo legal ni acusación formal.

Tras ser extraídos de las prisiones con listas elaboradas y notificaciones de traslado o libertad con membrete de la Dirección General de Seguridad y, en ocasiones, firmadas por Segundo Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, encabezada por Santiago Carrillo, y posteriormente fusilados de manera sumaria por milicias pertenecientes a las organizaciones obreras. Antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar algunas sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de las de los funcionarios de prisiones a las de las milicias a raíz del asalto a la Cárcel Modelo que tuvo lugar el 22 de agosto de 1936, si bien el número de asesinados fue muchísimo menor y carecieron del carácter sistemático y organizado que tuvieron las de noviembre y diciembre.^[4]

No todas las sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas (en total 33 extracciones) terminaron en asesinatos. Sí lo hicieron las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y 1 y 3 de diciembre (23). Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracciones (ni para que los presos fueran asesinados ni para efectivamente trasladarles a otros lugares), y desde el 4 de diciembre, cesaron.^[5] Las fechas se conocen gracias a la documentación de la Dirección General de Seguridad y los testimonios recabados por la Causa General.

La magnitud de los asesinatos fue muy grande, ascendiendo a varios miles de asesinados, entre 2.000 y 5.000 (si bien existen grandes discrepancias acerca del número exacto) y son consideradas las de mayor dimensión que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. El número de víctimas sigue siendo objeto de controversia.

También son objeto de enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles, por qué unas sacas terminaron en asesinatos masivos en tanto que en otras los prisioneros llegaban sanos y salvos a su destino (incluyendo a personajes de renombre, como el líder falangista Raimundo Fernández-Cuesta) y en definitiva, las responsabilidades, directas e indirectas, de los fusilamientos.

[editar] Las fuentes

Las matanzas de Paracuellos siguen siendo objeto de agria polémica, con gran énfasis en la responsabilidad de Santiago Carrillo. El libro de referencia sobre las matanzas de Paracuellos ha sido durante mucho tiempo Paracuellos: cómo fue, del hispanista irlandés Ian Gibson, publicado en 1983 y reimpreso en 2005 sin ninguna modificación, salvo un nuevo prólogo. Su libro fue el primero que abordó de forma sistemática y sin tesis preconcebidas dicho asunto (así, por ejemplo, en 1994, Ricardo de la Cierva calificó el libro de Gibson como «excelente»^[6] y al propio Gibson como un "historiador de izquierdas [Gibson se define como “socialista” en el prólogo de su libro] ganado por la Historia por encima de sus inclinaciones políticas"^[7] ). Ese mismo año, el periodista e historiador gallego Carlos Fernández publicó Paracuellos del Jarama: ¿Carrillo culpable?, con mucha menos repercusión (si bien La Cierva indica que su mérito principal consiste en "el análisis, generalmente acertado, de las fuentes que se refieren a las ejecuciones de noviembre y diciembre en Madrid").^[8]

Ian Gibson firmando en la Feria del Libro de Madrid de 2007. La publicación del libro de Ian Gibson, Paracuellos: cómo fue en 1983 marcó un hito en el estudio de las matanzas.

En 1994, con motivo de la presentación por parte de Santiago Carrillo de sus Memorias (en las que, entre otros, narra su actuación como consejero de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid y su relación con los episodios de Paracuellos), Ricardo de la Cierva publicó Carrillo miente, en el que afirma demostrar que las memorias del político comunista contenían abundantes inexactitudes y falsedades (el subtítulo del libro es 153 documentos contra 106 falsedades). De sus diez capítulos, el cuarto, El responsable de Paracuellos, está dedicado íntegramente a la implicación de Carrillo en las matanzas.

En 2005 (antes de la reimpresión del libro de Gibson), César Vidal publicó Paracuellos-Katyn. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda. El libro trata de demostrar que las matanzas de Paracuellos no eran sino un episodio más en los afanes exterminacionistas de “la izquierda”. De sus tres partes, una de ellas está dedicada casi exclusivamente al estudio de las matanzas de Paracuellos (siete de los nueve capítulos de dicha sección).

En 1998, Javier Cervera había publicado un análisis de la represión y la resistencia clandestina en Madrid durante la Guerra Civil, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, publicada en 1998, con segunda edición en 2006, sobre una tesis doctoral anterior del autor (Violencia política y acción clandestina: la retaguardia de Madrid en guerra, 1996^[9] ). En este libro, se dedica un capítulo (Las sacas de presos) dentro de la sección Madrid: sublevación derrotada, Estado destruido al análisis de las matanzas de Paracuellos. La reimpresión de 2006 proporciona nuevos datos y hallazgos.

Según el periodista e historiador Jorge Martínez Reverte, los mayores avances en la dilucidación de lo que realmente ocurrió en Paracuellos se deben a Ian Gibson, Javier Cervera y Ángel Viñas. De acuerdo con su opinión, las investigaciones franquistas (recogidas en la célebre Causa General, con confesiones extraídas bajo tortura y con errores de documentación que califica de evidentes), no fueron nada útiles. La primera reconstrucción de los hechos se debería a Paracuellos: cómo fue, de Ian Gibson, publicada en 1983. El primer estudio consistente sobre el número e identidad de las víctimas se debería a Javier Cervera, a finales de los noventa. Ya en los primeros años del siglo XXI, Ángel Viñas habría avanzado mucho en esclarecer los hechos gracias a los archivos soviéticos. Respecto a César Vidal y Pío Moa, califica sus obras de panfletos que "no han hecho más que oscurecer la investigación".^[10] Como ya se ha citado anteriormente, en 1994, La Cierva calificó el libro de Gibson como «excelente». Por su lado, el hispanista estadounidense Stanley G. Payne afirma que el estudio más reciente y mejor sobre las matanzas de Paracuellos es la obra de Vidal Paracuellos-Katyn.^[11]

[editar] Ian Gibson

Todas las obras citadas son fuentes secundarias, basadas en el análisis de gran cantidad de fuentes historiográficas. Por lo que respecta a Gibson, afirma haber utilizado, entre otras, las siguientes fuentes:

• Los fondos de la denominada Causa General, transferidos en 1980 al Archivo Histórico Nacional y abiertos a la investigación en 1981; hasta entonces, sólo se habían conocido algunos de los resultados de las investigaciones, publicadas en 1944 como Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público^{[12] [13]} (el propio La Cierva escribió que Gibson demostraba un excelente conocimiento de la documentación de la Causa General y la había aprovechado a fondo^[14] ).
• Los teletipos intercambiados entre miembros del Gobierno de la República y de estos con la Junta de Defensa de Madrid durante los días 10 y 11 de noviembre, conservados en el Servicio Histórico Militar y cuya referencia le fue proporcionada por Ramón Salas Larrazábal.^[15]
• El libro de Felix Schlayer, diplomático alemán que desempeñó el puesto de cónsul noruego en Madrid durante los primeros meses de la Guerra, Diplomat im roten Madrid, publicado en Berlín en 1938 y prácticamente desconocido hasta que Gibson lo sacó a la luz. El libro narra las impresiones de Schlayer sobre la represión que asoló la retaguardia republicana en Madrid durante su estancia en la capital. El libro de Schlayer, a pesar de las simpatías del diplomático por el bando franquista (Schlayer colaboró con la quinta columna para pasar información a las tropas que asediaban la capital) es casi unánimemente considerada un documento de primordial importancia para conocer muchos de los detalles de las matanzas (Gibson alude al libro diciendo que "reviste una importancia extraordinaria para nosotros";^[16] Ángel Viñas matiza la fiabilidad de las memorias de Schlayer debido a su fecha y lugar de publicación: "Es improbable que no pasaran por la bien engrasada máquina de propaganda goebbelsiana, ya desatada frenéticamente en una cruzada antibolchevique"^[17] ).
• El libro de Mijail Koltsov, periodista agente soviético a las órdenes directas de Stalin, Diario de la guerra española, publicado en Moscú en 1938, en el cual describe, valiéndose de un sosias, Miguel Martínez, sus andanzas durante los primeros meses de la guerra y sus conversaciones con los medios comunistas españoles. Koltsov tuvo, según Gibson, una importancia crucial en el destino de los presos de las cárceles madrileñas.
• Los vascos en el Madrid sitiado, libro del nacionalista vasco Jesús de Galíndez, en el que narra sus experiencias como miembro del Comité-Delegación del Partido Nacionalista Vasco en Madrid entre el inicio de la guerra y su marcha de la ciudad en mayo de 1937 y como responsable de la sección de Presos y Desaparecidos de dicha delegación desde octubre de 1936 hasta su marcha de Madrid. Fue publicado por la editorial Ekin en Buenos Aires en 1945 y reeditado por Txalaparta en 2005.
• Los libros de varios presos en la Cárcel Modelo en noviembre de 1936. Gibson cita dos, dándoles una valoración muy diferente: de Emocionario íntimo de un cautivo. Los cuatro meses de la Modelo (1939), de Antonio Cobaneña, el Duende Azul, Gibson afirma que es "una fuente indispensable"; de Madrid bajo «el Terror», 1936-1937 (1937) y La agonía de Madrid, 1936-1937 (1938), de Adelardo Fernández Arias, el Duende de la Colegiata, un escritor de extrema derecha, dice en cambio que "no es de fiar", fundamentalmente porque estuvo refugiado en la embajada de Argentina durante los hechos y no fue testigo directo de lo sucedido.
• Entrevistas con varias personas involucradas o relacionadas con los hechos, como Santiago Carrillo, cuya entrevista es transcrita en el libro de Gibson, ocupando un capítulo entero; Máximo de Dios, suplente del secretario de la Junta de Defensa de Madrid, socialista; o Ricardo Aresté Yebes, testigo presencial e hijo del alcalde de Paracuellos en la fecha de las matanzas.
• Los boletines oficiales de la Junta de Defensa de Madrid.

[editar] Carlos Fernández

El libro de Fernández carece de una sección dedicada al análisis de fuentes. También prescinde de dos de las fuentes más importantes sobre las matanzas de Paracuellos: el libro de Schlayer y los documentos de la Causa General (sólo se utilizó el resumen Causa General. La dominación roja en España.... Aparte del citado resumen de la Causa General, las fuentes más relevantes sobre el asunto manejadas por Fernández son diversos libros con testimonios de contemporáneos de las matanzas (entre los que se encuentran Adelardo Fernández Arias y Mijail Koltsov), testimonios de supervivientes a las sacas y fuentes secundarias como el trabajo de Ramón Salas Larrazábal Carrillo y la represión en el Madrid republicano (revista «Nueva Historia», nº 5, junio de 1977). La versión de Santiago Carrillo es contrastada con el libro de Regis Debray y Max Gallo Demain l'Espagne, publicado en París en 1974 y traducido al español como Mañana España: conversaciones con Santiago Carrillo.

[editar] Ricardo de la Cierva

Ricardo de la Cierva no aporta demasiadas novedades historiográficas a su capítulo sobre Paracuellos en Carrillo miente (en el que señala 13 supuestas falsedades sobre las matanzas de Paracuellos —el capítulo contiene algunas más, no relacionadas con estos hechos—, aportando treinta y ocho documentos de muy distinta condición), mezclando fuentes primarias y secundarias. Entre las fuentes primarias, La Cierva menciona fundamentalmente:

• Las actas de las sesiones y los Boletines de la Junta de Defensa de Madrid, recopiladas y analizadas por Julio Aróstegui y Jesús A. Martínez en 1984, en el libro La Junta de Defensa de Madrid.
• Los libros de Felix Schlayer, Jesús de Galíndez y Mijail Koltsov.
• Los libros de Adelardo Fernández Arias, los cuales, a pesar de que Gibson señaló que habían sido escritos de oídas, puesto que el autor no salió de la embajada argentina durante los hechos que narra, es calificado por La Cierva como "de máxima importancia"^[18] (La Cierva indica que estos libros fueron usados también por Carlos Fernández, el cual "los valora mucho, y tiene razón").^[19]
• El libro de Antonio Cobaneña, el Duende Azul, en cuya valoración coincide con Gibson.
• El libro de Enrique Castro Delgado Hombres made in Moscú (1963). Castro Delgado, primer comandante del Quinto Regimiento, había pertenecido a la dirección del PCE y sido partidario de Jesús Hernández. A la caída de este ante Uribe y Pasionaria, Castro Delgado fue expulsado del partido, pudiendo abandonar la Unión Soviética, donde se encontraba. Primero fue a México a Jesús Hernández colaborando en su proyecto comunista disidente, pero luego volvió a España, sin ser encarcelado. Escribió varios libros profundamente anticomunistas, como el citado (el historiador Fernando Hernandez Sanchez señala que las obras de Castro, como las de "El Campesino" habían sido sufragadas por el Departamento de Estado estadounidense, en plena Guerra Fría^[20] ).
• El resumen de la Causa General, Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público.
• Actas del Pleno Ampliado del PCE en Valencia en 1937.

Entre las secundarias se encuentran:

• El propio libro de Ian Gibson (los documentos de la Causa General son siempre citados a partir de transcripción de Gibson), así como el de Carlos Fernández.
• Pérdidas de la guerra, de Ramón Salas Larrazábal, sobre la estadística de asesinados en las matanzas.
• «Santiago Carrillo y la represión republicana en Madrid, 1936», en el número 5 de la revista Nueva Historia (junio de 1977)

[editar] César Vidal

El libro de César Vidal sólo aporta algunas fuentes historiográficas novedosas. En general sigue fielmente el libro de Schlayer, cita a Castro Delgado, utiliza fuentes secundarias como los libros de Gibson (de donde saca la mayor parte de sus citas de la Causa General), Fernández y La Cierva y utiliza muchas citas de hemerotecas. Sus fuentes novedosas sobre el tema son fundamentalmente dos:

• Los documentos de los archivos militares soviéticos publicados por los historiadores estadounidenses Ronald Radosh, Mary Habeck y Grigory Sevostianov en 2001, junto con otros 80 documentos, en Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War. Vidal afirma que la traducción al español publicada el año siguiente, España traicionada. Stalin y la guerra civil, estaba mutilada y que hizo la traducción directamente del original ruso.^[21]
• Las investigaciones de José Manuel Ezpeleta, piloto aéreo, nieto de un asesinado en Paracuellos y vocal de la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos del Jarama, un trabajo no publicado ni sometido a revisión historiográfica hasta el momento (el propio investigador ha afirmado que posee más de "300.000 papeles y microfilmes sobre el tema" y que está preparando un libro sobre las matanzas).^[22] Vidal utiliza estas investigaciones fundamentalmente en dos puntos: el número de asesinados y el intento por parte de agentes soviéticos de impedir que documentos sobre las matanzas salieran de España a través del delegado en Madrid del Comité Internacional de la Cruz Roja.

[editar] Javier Cervera

Javier Cervera no proporciona tampoco fuentes novedosas. Utiliza profusamente la Causa General, los Boletines y actas de sesiones de la Junta de Defensa de Madrid incluidos en el libro de Aróstegui y Martín, los libros de contemporáneos ya citados y finalmente, entrevistas con Santiago Carrillo (que según Reverte no aportan nada nuevo sobre el contenido de sus Memorias) y Cayetano Luca de Tena, integrante de una de las extracciones de presos que sí llegó sana y salva a Alcalá de Henares. El único elemento novedoso es el acta de la reunión de Comité Nacional de la CNT que sacó a la luz Jorge M. Reverte, en la que se da cuenta de una reunión efectuada entre representantes de las JSU y de la federación local de la CNT el 7 de noviembre, en la que acordaron dividir a los presos de las cárceles madrileñas en tres grupos. Uno de ellos, el de los presos «fascistas o elementos peligrosos», debía ser objeto de "ejecución inmediata. Cubriendo la responsabilidad".^[10]

[editar] La fiabilidad de la Causa General

Detalle de la entrada del edificio principal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el complejo de la calle Serrano (Madrid). Ahí se encuentra el Archivo Histórico Nacional, donde se hallan depositados los fondos que constituyen la Causa General.

La denominada «Causa General» fue un proceso abierto por los vencedores en la Guerra Civil en 1940. En palabras de sus promotores tenía:

Su fiabilidad es muy discutida por los historiadores. Todos reconocen su parcialidad, al contemplar solo los presuntos crímenes cometidos en la llamada zona roja, y consideran fruto de esta parcialidad el que se acuse de rebelión a los que permanecieron fieles a la república. Pero muchos historiadores imparciales la consideran fiable en cuanto a la los horrores que se desencadenaron en la zona republicana,^[23] o a que en ella se describen vívidamente Las circunstancias espantosas en que vivieron muchas personas en la retaguardia^[24] y en cuanto a las relaciones de víctimas del llamado terror rojo.

Su confección, en los años más duros de la posguerra, ha llevado a los historiadores interesados en los episodios represivos en la retaguardia republicana, a tratar esta fuente, fundamental por otra parte, con cierta cautela. Así, Gibson, que señala que la consulta de los documentos de la Causa General es imprescindible para el estudio de las matanzas ocurridas en Madrid durante la Guerra Civil, también indica que su consulta debe hacerse con cuidado, "puesto que constituyen casi siempre una densa mezcla de verdades y mentiras, fuertemente condicionadas por las circunstancias en las cuales se prestaban".^[25] Pero no pone en duda la realidad de los los horrores que se desencadenaron en la zona republicana:

Javier Cervera, que consultó los documentos de la Causa General aún más profusamente que Gibson (dado que su estudio abarcaba el total de la Guerra), indica que a pesar de sus deficiencias, los documentos de la Causa deben ser ineludiblemente consultados. Las deficiencias señaladas por Cervera son su propósito justificativo, el momento en el que se llevó a cabo, inmediatamente después del fin de la Guerra, y las circunstancias en las que las declaraciones se llevaban a cabo ("se trata de una densa mezcla de verdades y mentiras, manifestadas por personas interrogadas, muchas de ellas, bajo la presión de una posible condena, perpetua o capital muchas veces". La metodología utilizada por Cervera a la hora de considerar veraz una declaración fue el siguiente: si los datos de un testigo son corroborados por otros testimonios, incluso a veces supuestas víctimas de sus presuntas acciones; cuando se proporcionan informaciones cuya ocultación o tergiversación no tiene ningún beneficio para el declarante (como por ejemplo, relativas al funcionamiento de instituciones); o cuando las manifestaciones son corroboradas por fuentes bibliográficas o testimonios posteriores.^[26]

Ricardo de la Cierva no hace especial crítica de las fuentes que utiliza. Respecto a la Causa General afirma que se trata de un "formidable archivo" con "exhaustivos fondos".^[27] Sólo al referirse al precedente de la Causa General, el «Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936» afirma que contiene "testimonios importantes y fidedignos sobre la represión en Madrid".^[28] Sin embargo, Gibson indica en la sección dedicada a la Causa General que en otra de sus obras, La historia se confiesa, de 1976 que "La Causa General, ese conjunto deplorable de acusaciones mal comprobadas y peor urdidas, presenta, entre múltiples datos que sí están comprobados y documentados, algunas descripciones horripilantes sobre atrocidades perpetradas en zona republicana".^[29] César Vidal no incluye ninguna sección sobre crítica de fuentes, citando siempre documentos de la Causa General sin ninguna matización.

En 1981, Pedro Laín Entralgo decía en su artículo Sobre la convivencia en España dando por ciertos los crímenes relatados en la ‘’Causa General’’:

Francisco Pérez Álex, coordinador de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Sevilla (AMHYJA) opina que los muertos del bando franquista fueron registrados uno por uno:

Enrique Moradiellos considera que las victimas de la violencia republicana fueron bien contadas gracias a la eficacia de la causa general:

[editar] Los hechos

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Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936 se llevaron a cabo 33 extracciones de presos de cárceles madrileñas. Las extracciones se llevaban a cabo mediante notificaciones con el membrete oficial de la Dirección General de Seguridad y firma de su director y, en ocasiones, firma de Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público y situado inmediatamente a las órdenes de Santiago Carrillo, consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, que se había constituido en la madrugada del 7 de noviembre. Las extracciones portaban listas nominativas e incluían como razón de la extracción la puesta en libertad de los listados o su traslado a cárceles alejadas de la línea del frente como las de Alcalá de Henares o Chinchilla. De acuerdo con las conclusiones del historiador Javier Cervera, las sacas que tuvieron como razón el "traslado" de presos llegaron efectivamente a su destino sanas y salvas, siempre a Alcalá de Henares.

Cuartel General del Ejército del Aire, edificado en la posguerra en la manzana donde se levantaba la Cárcel Modelo, de donde partieron las sacas de los días 7, 8 y 9 de noviembre que terminaron en Paracuellos del Jarama, donde sus integrantes fueron asesinados.

Las autoridades de las prisiones procedían a llamar a los presos que aparecían en las listas. Una vez congregados, los presos, en su mayor parte, eran atados por las manos. A continuación se les subía a los vehículos encargados de su traslado. Si la expedición era numerosa, se utilizaban autobuses de dos pisos de color verde del servicio público de transportes de la ciudad. Autobuses de tal tipo fueron usados en las sacas de la Modelo del 7, 8 y 9 de noviembre, así como en la evacuación de la prisión el día 16. Cuando el volumen de sacados era menor, se utilizaban camiones. Las expediciones eran escoltadas por milicianos, pertenecientes en su mayor parte a las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia (una fuerza policial creada en septiembre de 1936 para integrar las milicias que ya efectuaban labores policiales de forma autónoma e incontrolada en la Dirección General de Seguridad), a bordo de coches balilla. Estos milicianos integraban los pelotones de fusilamiento.^[33]

[editar] La creación de la Junta de Defensa de Madrid

En el consejo de ministros realizado el 6 de noviembre de 1936, y ante el avance de los franquistas,^[2] que se hallaban a las puertas de Madrid, el nuevo Gobierno republicano a cuyo frente se hallaba Largo Caballero decidió abandonar Madrid y trasladarse a Valencia, en la certeza de que la caída de la capital era inminente. Según Gibson, que toma como base la entrevista realizada a Santiago Carrillo en 1982 para la elaboración de su obra sobre Paracuellos, la decisión se tomó a eso de las 18:45 de la tarde.^[47] Sin embargo, según las memorias de Santiago Carrillo, escritas diez años después, en 1993, el consejo de ministros se reunió por la mañana.^[48] En la reunión se tomó la decisión de que el gobierno debía abandonar Madrid esa tarde. De acuerdo con dichas memorias, los ministros comunistas del gobierno (Vicente Uribe y Jesús Hernández) informaron a los dirigentes del partido, así como a los dirigentes de las JSU recién afiliados al PCE, entre ellos a Carrillo, de que el gobierno abandonaba la ciudad con la intención de dejar al mando, para encargarse de la defensa de la ciudad, a una Junta de Defensa presidida por el general Miaja y compuesta por representantes de todos los partidos que componían el Frente Popular. A última hora de la tarde, el general Asensio, subsecretario de Guerra (Largo Caballero era el ministro), que partía a Valencia con el gobierno, convocó a los generales Miaja y Pozas en el Ministerio de la Guerra y les entregó sus oficios, en dos sobres cerrados, que no debían abrir hasta el día siguiente a las seis de la mañana. Los generales desobedecieron las órdenes y abrieron los sobres inmediatamente, ganando un tiempo precioso (puesto que los oficios respectivos estaban intercambiados). El oficio del general Miaja le comisionaba para la creación y dirección de la Junta. Esta quedaba facultada para «la coordinación de todos los medios necesarios para la defensa de Madrid, que deberá ser llevada al límite» y se constituía en la máxima autoridad en la capital, con facultades delegadas del Gobierno y absorbiendo también, por tanto, las competencias del Ayuntamiento de Madrid (su alcalde, Pedro Rico, había abandonado también esa tarde Madrid, junto con el Gobierno).

Al mismo tiempo, y de acuerdo con Carrillo, éste y Cazorla (miembro también de la dirección de las JSU e que había ingresado también en el PCE) se dirigieron a ver a Largo Caballero antes de que abandonase la ciudad, mostrándose éste sorprendido de que supiesen que el Gobierno se iba. A la salida de la reunión, Carrillo y Cazorla acudieron a la sede del comité central del PCE. A diferencia del resto de partidos, cuyas direcciones habían abandonado también la ciudad (Prieto abandonó en avión la ciudad; el único dirigente de peso del PSOE que permaneció en la capital fue Julián Zugazagoitia, al frente de El Socialista), el PCE (junto con las JSU, cuya dirección estaba ya controlada por aquel) fue el único partido cuya dirección permaneció mayoritariamente en Madrid. El comité ya había contactado con Miaja y había decidido apoyarle para que la Junta comenzase a funcionar lo antes posible, en vez de el día 7 (fecha en la que, formalmente, debía hacerlo, de acuerdo con el oficio recibido por Miaja). Además, el comité decidió también que Antonio Mije e Isidoro Dieguez debían convertirse en consejero y suplente, respectivamente, de Guerra en la Junta de Defensa, en tanto que Carrillo y Cazorla debían hacer lo propio, como representantes de las JSU, en la de Orden Público.^[49]

La situación de aquella noche era desesperada para el general Miaja. Carecía de Estado Mayor, apenas tenía noticias de las fuerzas que defendían Madrid y sólo poco a poco fueron acudiendo al Ministerio de la Guerra algunos militares, como el teniente coronel Rojo, para ponerse a sus órdenes. El Quinto Regimiento se puso inmediatamente a su disposición y mandó un oficial de enlace al Estado Mayor en ciernes de Miaja.^[50] Por su parte, durante la noche del 6 de noviembre fueron acudiendo al Ministerio de la Guerra también representantes y comisiones de los partidos políticos del Frente Popular, que acordaron en una primera reunión, previa a la constitución formal de la Junta, que, aunque la disposición de Largo Caballero aludía a que los diversos partidos debían designar representantes en la misma proporción que la que tenían en el Gobierno, «cada uno de los partidos estuviese representado por un titular y un suplente».^[51] Durante la madrugada del día 7 fueron elegidos los representantes de cada uno de los partidos, sindicatos y organizaciones presentes: el PSOE, el PCE, las Juventudes Socialistas Unificadas, la CNT, la Casa del Pueblo de Madrid (UGT), Izquierda Republicana, Unión Republicana, las Juventudes Libertarias y el Partido Sindicalista, bajo la presidencia del general Miaja. La Junta se constituía oficialmente el día 7 de noviembre a las once de la mañana. El predominio comunista en la Junta era muy grande, tanto por el número de integrantes (aparte de los públicamente comunistas, tanto los representantes de las JSU, recién afiliados, como los de la Casa del Pueblo, representantes de la UGT, lo eran también) como por su perfil: Antonio Mije era miembro de la dirección del PCE, en tanto que Santiago Carrillo era el secretario general de las JSU. Sin embargo, ese dominio no era aún patente, puesto que la afiliación comunista de Carrillo y Cazorla aún no era conocida. No hubo resistencias por parte del resto de partidos a la asunción de las consejerías de Guerra y Orden Público por parte del PCE y las JSU.^[52]

La mayor parte de las sacas se produjeron mientras las tropas franquistas asaltaban la ciudad durante la batalla de Madrid. En la fotografía, búnkeres de ametralladoras en el Parque del Oeste, línea del frente durante la batalla de Madrid.

[editar] La madrugada del 6 al 7 de noviembre

Esa misma noche tenían lugar otros acontecimientos relevantes en diversos lugares de Madrid.

El periodista soviético Mijail Koltsov, formalmente corresponsal de Pravda, descrito por Hugh Thomas e Ian Gibson como "el agente personal de Stalin en España" y como una persona que "en ocasiones tenía línea directa con el Kremlin", llegó a España el 8 de agosto de 1936 (antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética). En poco tiempo había ganado una enorme influencia no sólo ante los cuadros del PCE sino también en el gobierno y el ejército. De hecho, asistía a las sesiones del Comisariado de Guerra, creado a mediados de octubre, presididas por Álvarez del Vayo. Koltsov había estado alertando tanto al Comisariado como al Gobierno de Largo Caballero del peligro que representaban los miles de "fascistas" presos en las cárceles madrileñas. Según afirma Koltsov en su libro Diario de la guerra española, el problema de la evacuación de los presos había sido tratado el 1 de noviembre por el gobierno, siéndole encomendada la misión al ministro de Gobernación Ángel Galarza. Sin embargo, cuando el gobierno huyó de Madrid en la tarde del 6 de noviembre, no se había hecho nada a este respecto. En palabras de Koltsov, De los ocho mil fascistas detenidos no ha sido evacuado uno solo.^[53]

Esa tarde, tras recorrer las dependencias oficiales, encontrándoselas vacías, Koltsov acudió, ya anochecido, a la sede del Comité Central del PCE, donde observa que es el único partido que sigue activo en Madrid, tratando de organizar la defensa de la ciudad ante el inminente asalto. Según cuenta en su diario:

Por una parte se constituía extraoficialmente el denominado Consejo de la Dirección General de Seguridad.

[editar] Evacuaciones y primeras sacas

Durante la reunión de constitución de la Junta, en la madrugada del 6 al 7 de noviembre, se decidió evacuar a los presos internados en la Cárcel Modelo, entre los que se encontraban numerosos militares, a prisiones alejadas de Madrid. El motivo era la preocupación por que los presos pudieran aumentar el potencial ofensivo de los sublevados —a la sazón a las puertas de Madrid— ante la eventualidad de la caída de la capital.^[54] En ese momento, los combates se llevaban a cabo en la propia ciudad, habiendo llegado los rebeldes hasta la Ciudad Universitaria, muy cercana a la cárcel Modelo (este episodio bélico se conoce como batalla de Madrid).

Mientras la reunión de constitución de la Junta tiene lugar, se está preparando una saca en la cárcel de Porlier. De madrugada todavía, partió de dicha cárcel un convoy de autobuses de línea regular pertenecientes a la Sociedad Madrileña de Tranvías, con el aparente propósito de trasladar a los presos a Valencia. Sin embargo, una vez llegado a Torrejón de Ardoz (la carretera de Valencia estaba bajo el fuego de los asaltantes), en lugar de seguir hacia Loeches y Camporreal para enlazar con la carretera de Valencia, se desvió hacia la vega del Jarama (en el municipio de Paracuellos de Jarama), y allí los presos fueron fusilados. Los sucesos se repitieron dos días después, esta vez en la vega del Henares (en el municipio de Torrejón de Ardoz). Miembros del cuerpo diplomático, como el cónsul de Noruega, el alemán Felix Schlayer, ya el día 7 por la tarde habían advertido al Consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, de los hechos. Carrillo sin embargo, aunque reconoció en sus memorias la conversación con el cónsul noruego (al que confunde con el embajador de Finlandia), ha sostenido en todo momento no estar al corriente de las matanzas.^[55]

[editar] Siguientes sacas

A pesar de las declaraciones en contra de las autoridades republicanas, los fusilamientos se reanudaron de nuevo. Ni las protestas del cuerpo diplomático ni el posible deterioro de la imagen internacional del Frente Popular lograron detener los asesinatos.

[editar] Primera intervención de Melchor Rodríguez

Finalmente, las matanzas se detuvieron el 10 de noviembre, cuando el anarquista Melchor Rodríguez, llamado "El Ángel Rojo", se puso al frente de la Dirección de Prisiones, el cual, con su enérgica actuación individual logró detener las matanzas masivas de presos. Su asunción del cargo careció de nombramiento oficial hasta el día 14, fecha en que dimitió. Su dimisión permitió la reanudación de las extracciones y asesinatos de presos hasta que su nombramiento definitivo, causado por las presiones del cuerpo diplomático y del presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, finalizó definitivamente con las sacas y asesinatos masivos.^[56]

[editar] El intento de asesinato del doctor Henny

[editar] Las víctimas

Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre tuvieron lugar, pues, 33 sacas de presos de las prisiones de Madrid. De ellas, 23 concluyeron con el asesinato de sus integrantes. Las expediciones partieron de la Cárcel Modelo (7, 8 y 9 de noviembre; la cárcel fue evacuada el día 16 y los presos que aún quedaban en ella repartidos entre otras cárceles madrileñas), la de Porlier (7, 8, 9, 18, 24, 25 y 26 de noviembre, 1 y 3 de diciembre; de esta prisión, sólo una saca, la del 30 de noviembre, no terminó en tragedia), la de San Antón (7, 22, 28, 29 y 30 de noviembre) y la de Ventas (27, 29 y 30 de noviembre y 1 y 3 de diciembre). No hubo ninguna saca en las cárceles de mujeres, por lo que no existe ninguna presa asesinada en Paracuellos. La mayor parte de las víctimas provinieron de la Cárcel Modelo.^[57]

En cuanto a la tipología de las víctimas, éstas pertenecían en su mayor parte a la clase media conservadora y católica, entre los que se contaban abogados, jueces, periodistas, escritores, catedráticos y médicos. Había también un elevado número de militares, falangistas y religiosos, entre las que hay documentados varios casos de padres e hijos y de hermanos muertos juntos. Entre las víctimas había también menores de 21 años.^[58] La mayoría habían sido detenidos en Madrid (o trasladados a las cárceles madrileñas desde otras localidades) desde el inicio de la guerra. En el caso de los presos civiles, en su inmensa mayoría sin haber participado en la sublevación militar y sin haber recibido acusación concreta ni juicio alguno. Entre las víctimas se encontraban Federico Salmón, ministro de Trabajo por la CEDA en 1935, Jesús Cánovas del Castillo, político agrarista, e incluso un futbolista, Monchín Triana, que había jugado en el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En una de las sacas, la del día 27 de noviembre, procedente de la cárcel de San Antón, encontró la muerte el dramaturgo español Pedro Muñoz Seca. Muñoz Seca, que conoció días antes el fin que le esperaba y tuvo tiempo de escribir a su mujer, dejó dicho a otro preso: “Se me acusa de monárquico, por haber llevado a Roma para Don Alfonso XIII el manto de la Virgen del Pilar. Con este manto voy a morir yo también”. También pereció Mateo García de los Reyes, almirante retirado, primer comandante del arma submarina y Ministro de Marina durante la dictadura de Primo de Rivera. Otra víctima relevante fue Ricardo de la Cierva Codorníu, un joven abogado cuya relevancia estriba en que trabajaba para la embajada noruega, al frente de la cual se había colocado Félix Schlayer, que fue quien descubrió las fosas en Paracuellos precisamente siguiendo la pista de su abogado. La Cierva, muerto el 7 de noviembre en una de las sacas procedentes de la cárcel Modelo, era hijo del político conservador Juan de la Cierva Peñafiel, varias veces ministro de la monarquía, padre del historiador Ricardo de la Cierva, y hermano de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro.

Las víctimas fueron depositadas en seis fosas excavadas en Paracuellos entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, en algunos casos por los propios vecinos del pueblo de Paracuellos, obligados a ello pistola en mano (existen también aquí discrepancias; mientras que Gibson sostiene que las fosas no estaban abiertas cuando llegaron las primeras sacas, basándose en el testimonio de Ricardo Aresté Yebes, testigo presencial, alcalde de Paracuellos en 1983 e hijo del alcalde de la localidad en 1936,^[59] Vidal afirma que estaban ya excavadas puesto que es "la práctica habitual en este tipo de casos", descartando las afirmaciones de Aresté como una mera excusa para asegurar que nadie en Paracuellos, incluido su padre, sabían nada de lo que estaba sucediendo^[60] ). Una última fosa, la número 7, fue excavada en 1940, una vez acabada la guerra, para acoger los cadáveres de los fusilados en Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz) en las mismas fechas, así como las de otros asesinados en fechas diferentes en lugares como Boadilla del Monte. Todos ellos fueron trasladados al cementerio de Paracuellos en féretros individuales y con toda formalidad.

[editar] Cifras

El número total de fusilados en los campos de Paracuellos y de Torrejón ha conocido, desde el principio, distintas cuantificaciones. Su cálculo es complejo porque las órdenes para extraer presos de las cárceles madrileñas (que incluían listas nominativas conservadas entre los documentos de la Causa General) no incluían ninguna indicación acerca del destino final de los sacados de las cárceles. Dichas órdenes, como ya se ha indicado, justificaban la extracción de presos bajo la apariencia de traslado a otras cárceles, o incluso de puesta en libertad de los presos. Además, mientras que algunas expediciones eran efectivamente trasladadas y llegaban sanas y salva a su destino (las menos), otras terminaban en las fosas comunes de Paracuellos y Torrejón.

El historiador Ian Gibson ofreció en la década de 1980 la cifra de 2.400 asesinados.^[61] Para ello se basó en el cotejo de las relaciones nominativas registradas en la Causa General (las usadas para extraer los presos de las cárceles) con los listados incluidos en el diario ultraderechista El Alcázar (que el 3 de enero de 1977,^[62] en los meses previos a la legalización del Partido Comunista de España, a la que se oponían frontalmente los herederos de la dictadura, publicó una lista nominativa de 2.500 asesinados,^[63] afirmando que en Paracuellos habían sido asesinadas entre 10.000 y 12.000 personas; el periódico titulaba en portada «Descansen en paz los doce mil mártires vilmente asesinados y enterrados en fosas comunes en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936 por mandato expreso del consejero de Orden Público del Gobierno Rojo, el comunista Santiago Carrillo»), y determinar así cuáles de las sacas terminaron en asesinato. De acuerdo con Gibson, la lista de El Alcázar es una copia literal de la publicada en Comunicación. Órgano oficial de la Delegación Nacional de Ex Cautivos, Madrid, suplemento extraordinario número 5, publicada el 7 de noviembre de 1941, que a su vez se basa en las investigaciones llevadas a cabo, tras la guerra, por la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos del Jarama. Gibson también indica que utilizó el libro del padre Vicuña Mártires agustinos de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, 1943 (sobre los monjes agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, asesinados en Paracuellos; el padre agustino Carlos Vicuña Murguiondo fue el único de los agustinos de El Escorial que no encontró la muerte en el otoño de 1936, siendo liberado gracias a las gestiones del Partido Nacionalista Vasco^[64] ), para realizar este cotejado. En el caso de la Cárcel Modelo, Gibson verifica la cifra de asesinados procedentes de esta prisión también con el libro de Schlayer y con los registros oficiosos de la Cruz Roja Internacional enviados por Georges Henny, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Madrid. De este cotejado, deduce unas cifras aproximadas de 2.000 asesinados. Teniendo en cuenta las afirmaciones de Ricardo de la Cierva que indica que existen 2.750 víctimas identificadas (citado en El cementerio de Paracuellos del Jarama, Madrid, 1972), datos obtenidos de los archivos de la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos (citado en La matanza de Paracuellos, incluido en España 1936-1976. La historia se confiesa, Barcelona, 1978), todo ello reiterado en su obra de 1994,^[65] Gibson ofrece una estimación final de los citados 2.400 asesinados (curiosamente, La Cierva afirma que "Gibson se declara de acuerdo con mis datos, confirmados por un estudio analítico de «El Alcázar»".^[66] En su edición de 2005, Gibson mantuvo sus conclusiones.

Por su parte, Vidal hace un repaso de las diversas cifras proporcionadas hasta entonces,^[67] de forma errónea en todos los casos.^[68] Finalmente, Vidal da por bueno un trabajo no publicado ni sometido a revisión historiográfica hasta el momento de José Manuel Ezpeleta, piloto aéreo, nieto de un asesinado en Paracuellos y vocal de la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos del Jarama^[69] (citado erróneamente por Vidal como J.A. Ezpeleta; la edición de bolsillo del libro de Vidal incluye una errata en este punto, ya que atribuye estos estudios a un tal J.A. Ezquerra), el cual incluye una lista de 4.200 asesinados, según Ezpeleta completamente identificados, sin contar los 414 fusilados en el Soto de Aldovea en Torrejón de Ardoz, procedentes de una saca de la cárcel de San Antón (y de los que, tras su exhumación, sólo se identificó a 96). César Vidal alaba lo que él considera rigor del autor, tomando sus investigaciones como definitivas y redondeando la cifra a unos 5.000^[70] (Vidal incluye en su libro una lista de 4.021 víctimas de las matanzas de Paracuellos,^[71] si bien no especifica si se trata de la lista de Ezpeleta).

Puerta del cementerio de Paracuellos de Jarama erigido en el lugar donde se encontraban las fosas comunes donde fueron enterrados los asesinados en otoño de 1936.

Finalmente, Cervera ofrece la cifra de unos 2.000 asesinados.^[72] Su razonamiento comienza con la relavitización de la lista de El Alcázar, utilizada por Gibson en sus estimaciones ("El conocido trabajo de Gibson les otorga una extraordinaria importancia como base sobre la que cuantificar el número de los asesinados, lo cual nos indica que no parece que las examinara con mucho rigor"^[73] ). Así, señala la existencia de víctimas que aparecen listadas dos veces o la inclusión de víctimas asesinadas en sacas ocurridas antes del 7 de noviembre (como Ramiro Ledesma, parte de una saca procedente de la cárcel de Ventas cuyos integrantes fueron asesinados en el cementerio de Aravaca la madrugada del 1 de noviembre, como el propio Gibson detalla en su libro^[74] ). Cervera también descalifica la cifra de 12.000 incluida en el artículo, puesto que, de acuerdo con sus investigaciones, sobrepasaría el total de población reclusa en Madrid en noviembre de 1936.^[75] A continuación, cita el trabajo de Rafael Casas de la Vega, El terror. Madrid 1936, Madrid, 1994, el cual incluye también listados con los asesinados en la provincia de Madrid, incluyendo los de las sacas de noviembre y diciembre. Cervera señala que abundan los nombres repetidos con leves variaciones ortográficas, errores de fecha, lugar y circunstancias de las muertes, así como personas que estaban vivas después de la presunta fecha de su muerte, lo cual le hace poner en duda la fiabilidad de las cifras de Casas de la Vega (que eran 2.410 con seguridad y 526 más necesitadas de comprobación).^[76] Por todo ello, usando los listados disponibles en la Causa General y las listas de El Alcázar y Casas de la Vega, que permitían descartar nombres, se llega a la cifra de algo más de 2.000 personas.

[editar] Las responsabilidades

La responsabilidad última de estos crímenes (quién o quienes dieron las órdenes de proceder a las matanzas) es un asunto aún abierto y la tarea de determinarla es cada vez más ardua para los historiadores, a causa de la muerte de muchas personas clave de dichos hechos y de la ausencia de pruebas directas acerca de quién o quienes dieron las órdenes de que algunas de las sacas terminasen en las fosas comunes de Paracuellos o Torrejón. También resulta controvertido dilucidar las complicidades en tales hechos (esto es, qué autoridades, teniendo constancia de las matanzas, no hicieron lo suficiente para impedirlas). Así, Cervera distingue en su análisis entre la responsabilidad directa, es decir, la de los que planearon los asesinatos y dieron las órdenes para su ejecución, y las de aquellos que, conociendo que se estaban llevando a cabo tales acciones, no hicieron lo suficiente para terminar con ellas, aún disponiendo de poder y medios para ello.^[77]

El hispanista irlandés Ian Gibson afirma que es clara la responsabilidad del Partido Comunista, cada vez más poderoso en Madrid y fuerza hegemónica en el Consejo de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Orden Público (presidido por Segundo Serrano Poncela), continuador del Comité Provincial de Investigación Pública (la tristemente célebre checa de Bellas Artes y luego de Fomento), teledirigido o alentado por los agentes soviéticos en España, Mijail Koltsov (bajo el seudónimo de Miguel Martínez) y Nikloski "Alejandro Orlov", jefe de la NKVD en España.^[78] De acuerdo con Gibson, el "Consejillo de Orden Público" habría implantado un "sistema de terror y muerte". Un sistema que era heredero de la tristemente célebre "checa de Fomento" y que dirigía el Consejillo de la Dirección General de Seguridad, un organismo controlado por los comunistas con la colaboración activa de los anarquistas. Estos asesinatos no tuvieron lugar en cualquier momento, sino en una especial situación, en la que las tropas franquistas se encontraban a las puertas de la ciudad, sin saberse si entrarían en la ciudad en cualquier momento. En la situación de "miedo y pánico que se habían apoderado de un Madrid sujeto día y noche al bombardeo, aquellos duros del Consejillo [el Consejo de la Dirección General de Seguridad] no estaban dispuestos a tratar humanamente a los presos «fascistas» hacinados en las cárceles de Madrid. Y además, las masas que representaban clamaban por la sangre de aquellos reclusos.^[79]

Fuente situada en el chaflán que forma uno de los ángulos del colegio de las Escuelas Pías de San Antón, transformado en cárcel (cárcel de San Antón) durante la Guerra Civil y de donde salieron muchas de las sacas que finalizaron en Paracuellos del Jarama.

Respecto a otras personas acusadas por otros autores de haber ordenado las matanzas, Gibson no considera en ningún momento como responsable de estas a Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad, que había abandonado la ciudad en la tarde-noche del 6 de noviembre con el resto del Gobierno, habiendo dejado una orden de evacuación de presos de la cárcel de San Antón a Alcalá de Henares, que fue usada el día 7, con la fecha probablemente manipulada. Tampoco menciona a Margarita Nelken, diputada socialista sin ninguna participación en el Gobierno ni en la Junta de Defensa de Madrid (acusada por César Vidal, el cual, siguiendo a Schlayer, la considera sucesora de Muñoz al frente de la Dirección General de Seguridad el 7 de noviembre; Gibson no considera que existiese tal "sucesión" en la DGS entre la huida de su titular, en la noche del 6 de noviembre y la constitución de la Junta de Defensa de Madrid, en la madrugada del 7).^[80] Con respecto a Santiago Carrillo, afirma que es difícil de creer que aquel no estuviese enterado de las matanzas que se habían producido los días 7 y 8 de noviembre, si no enseguida, si muy poco tiempo después (máxime teniendo en cuenta la conversación con Schlayer, en la que éste le había advertido de la situación de los presos), si bien es posible que Carrillo no tuviese nada que ver con ella. Gibson concluye que tanto Carrillo como su delegado, Segundo Serrano Poncela, prefirieron no darse por enterados del "sistema de terror y muerte implantado antes de su llegada al poder, de acuerdo, pero continuado durante su mandato. [...] A la vista de esta situación, tanto Carrillo como Serrano Poncela, a nuestro juicio, optaron por hacer la vista gorda".^[81] Prueba de que, en caso de haberse querido, la Consejería de Orden Público, a cuyo frente estaba Carrillo, podía haber evitado las sacas, es su cese con el nombramiento de Melchor Rodríguez como delegado especial de Prisiones.^[82]

César Vidal no hace ninguna distinción entre responsabilidades directas e indirectas. Así, sostiene que la responsabilidad última de los fusilamientos la tuvieron Santiago Carrillo, como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, y sus subordinados comunistas, socialistas y anarquistas. También acusa a Margarita Nelken, diputada socialista, Manuel Muñoz Martínez, director General de Seguridad, a los ministros del Gobierno de Largo Caballero Antonio Galarza (Gobernación) y García Oliver (Justicia). La responsabilidad estaría, en definitiva, "en una visión ideológica que pretendía poseer la autoridad y legitimidad suficientes como para decidir la muerte de segmentos enteros de la población". Carrillo ha argüido que Paracuellos de Jarama no se encontraba dentro del área de jurisdicción de la Junta de Defensa para sostener su inocencia, aunque las cárceles desde donde partieron todos las sacas de presos sí que lo estaban.^[83]

Cervera por su parte, afirma que indudablemente las matanzas fueron cuidadosamente preparadas y no obra de incontrolados, individuos aislados o comités autónomos. En su análisis, Cervera diferencia entre responsabilidades directas (los que ordenaron y planificaron las matanzas) e indirectas (aquello que pudiendo haberlas evitado no lo hicieron) y comienza descartando responsables. Así descarta a los comités de las tristemente célebres checas, así como al Gobierno de la República o a sus Tribunales de Justicia. A los chequistas los descarta debido a que nunca se preocuparon la selección de paseados o de la elaboración de listas. Respecto al Gobierno de la República, Cervera señala las sacas tuvieron cuando el gobierno se encontraba en Valencia, no comenzando hasta horas después de su partida. El Gobierno, y sobre todo su ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo, era consciente de la atención del Cuerpo Diplomático a la situación de las prisiones desde agosto. En un momento en el que la República necesitaba desesperadamente el apoyo de las democracias europeas, una acción de tal calibre únicamente conseguiría deslegitimar al Gobierno de la República. Además, las sacas iban en contra de los esfuerzos del Gobierno para instituir los Tribunales Populares que hacer pagar sus culpas legalmente a los sublevados y sus partidarios. Cervera afirma, basándose, entre otras cosas, en los reglamentos aplicables a la gestión de las salidas de presos de las cárceles madrileñas, que la responsabilidad de las sacas estuvo en el entorno de la Dirección General de Seguridad. Sin embargo, también exculpa a su director, Manuel Muñoz Martínez, puesto que éste huye a Valencia el día 6 de noviembre hacia las siete de la tarde y las sacas no comenzaron hasta la madrugada del día 7 (en compañía del ministro de Gobernación, Ángel Galarza, el cual, obviamente tampoco estuvo en Madrid en el momento de las sacas). Efectivamente, una de las órdenes de extracciones de presos, utilizada en la cárcel de San Antón el 7 de noviembre, estaba firmada por él, pero Muñoz no se encontraba en Madrid y el documento conservado en la Causa General parece tener raspada la fecha de esta orden (Muñoz sí que había firmado anteriormente otras órdenes de extracciones de presos que terminaron en matanza, como las utilizadas en la cárcel de Ventas los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, en la que los integrantes de las expediciones fueron asesinados en el cementerio de Aravaca), por lo que puede descartarse la participación de Muñoz en estas sacas (tras el día 7, su firma no volvió a aparecer en ninguna orden). Por otra parte, la iniciativa de eliminar a los presos tampoco partió del Gobierno a través de los Tribunales Populares, puesto que tras las matanzas, muchos presos fueron llamados a juicio, ignorantes los Tribunales Populares de que habían si